Por Agustín Ulanovsky, Coordinador de Punto ILLa brutal bomba que derrumbó a la Asociación Mutual Israelita Argentina detonó el 18 de julio de 1994, convirtiéndose en el mayor atentado terrorista en la historia argentina. Además de los 86 muertos, 300 heridos y de la montaña de escombros, el ataque dejó una herida que no cicatriza en una sociedad a la que le gusta considerarse un “crisol de razas”.
Más allá de la capacidad destructora de la bomba y de las víctimas inocentes que perecieron, lo que indigna como argentino es comprender que los esfuerzos del Estado no se consumieron en investigar, perseguir, juzgar y condenar a los autores y cómplices del Atentado sino en diluir dicha posibilidad y encubrir a los responsables. La decisión política del gobierno de turno fue encubrir a los responsables del caso AMIA y convertir a la causa en el paradigma de la impunidad en nuestro país.
En este contexto nefasto, la causa fue creciendo en los tribunales locales hasta convertirse en lo que hoy la Corte Suprema reconoce como “la causa más compleja de la historia judicial del país” en virtud de “la extrema gravedad de los hechos así como su repercusión y desgraciadas consecuencias”.
Reconociendo que se trata de un proceso “cuya trascendencia institucional resulta notoria”, la actual Corte Suprema analizó en mayo pasado el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y por la querella AMIA - DAIA - Grupo de Familiares y Amigos de Víctimas del atentado a la AMIA en la causa donde se investiga la participación de las llamadas “conexiones locales”.
El recurso fue interpuesto contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 que había extendido los efectos de la nulidad decretada en la causa “Brigadas” por falta de imparcialidad del juzgador a la situación procesal de Telleldín y de todos los sospechosos de la causa AMIA. En la práctica, dicha extensión significaba que todo lo investigado era nulo, la absolución de Telledín (último tenedor conocido del coche-bomba), que los resultados de 15 años de trabajos y esfuerzos carecían de valor y que la investigación de la “conexión local” debía recomenzar de cero.
La Corte Suprema se enfrentaba así a la obligación de emitir un fallo institucional con trascendencia para incidir significativamente en el gobierno del Estado argentino y en la vida de la sociedad dada la importancia que se le asigna a descubrir la verdad material del Atentado y a evitar la impunidad.
El voto de la mayoría no dudó en que las irregularidades en las que incurrió el magistrado Juan José Galeano en el caso “Brigadas” tornaran nulo a lo conseguido desde el 31 de octubre de 1995 pero sí cuestionó que ello permitiera la extensión de los efectos de la nulidad a actos anteriores no contaminados por la falta de neutralidad. El fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda (Carmen Argibay y Enrique Petracchi votaron en disidencia y Eugenio Zaffaroni no participó de la sentencia) permitió así que recobraran valor los 187 cuerpos de investigación que la causa AMIA tenía previos al 31 de octubre de 1995, ordenó reactivar la investigación y recolección de evidencias “con el mayor de los esfuerzos para arribar a la verdad material” y rechazó la absolución dictada a Carlos Telleldín.
Con esta sentencia, la Corte buscó dar un claro mensaje político a los organismos del Estado y a la sociedad en general de que está en contra de la impunidad que rodea al expediente y que se debe seguir investigando hasta las últimas consecuencias. Así lo expresó su presidente, Ricardo Lorenzetti, quien sostuvo: “Hay que poner los cuidados necesarios para que la impunidad no quede como respuesta del Poder Judicial” y añadió que “Una parte de la prueba hay que preservarla, a fin de garantizar el derecho que tiene todo ciudadano a buscar la verdad, a que se investiguen estos hechos y que exista justicia” .
“La frustración de todo el proceso no puede ser la respuesta de la justicia al reclamo de las victimas” fue la trascendental respuesta institucional que decidió dar la Corte Suprema en la resolución de un caso que adquirió la categoría de “Cuestión de Estado”.
En definitiva, una valiente y valiosa decisión que da una luz de esperanza a todos aquellos que seguimos exigiendo justicia.
Más allá de la capacidad destructora de la bomba y de las víctimas inocentes que perecieron, lo que indigna como argentino es comprender que los esfuerzos del Estado no se consumieron en investigar, perseguir, juzgar y condenar a los autores y cómplices del Atentado sino en diluir dicha posibilidad y encubrir a los responsables. La decisión política del gobierno de turno fue encubrir a los responsables del caso AMIA y convertir a la causa en el paradigma de la impunidad en nuestro país.
En este contexto nefasto, la causa fue creciendo en los tribunales locales hasta convertirse en lo que hoy la Corte Suprema reconoce como “la causa más compleja de la historia judicial del país” en virtud de “la extrema gravedad de los hechos así como su repercusión y desgraciadas consecuencias”.
Reconociendo que se trata de un proceso “cuya trascendencia institucional resulta notoria”, la actual Corte Suprema analizó en mayo pasado el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y por la querella AMIA - DAIA - Grupo de Familiares y Amigos de Víctimas del atentado a la AMIA en la causa donde se investiga la participación de las llamadas “conexiones locales”.
El recurso fue interpuesto contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 que había extendido los efectos de la nulidad decretada en la causa “Brigadas” por falta de imparcialidad del juzgador a la situación procesal de Telleldín y de todos los sospechosos de la causa AMIA. En la práctica, dicha extensión significaba que todo lo investigado era nulo, la absolución de Telledín (último tenedor conocido del coche-bomba), que los resultados de 15 años de trabajos y esfuerzos carecían de valor y que la investigación de la “conexión local” debía recomenzar de cero.
La Corte Suprema se enfrentaba así a la obligación de emitir un fallo institucional con trascendencia para incidir significativamente en el gobierno del Estado argentino y en la vida de la sociedad dada la importancia que se le asigna a descubrir la verdad material del Atentado y a evitar la impunidad.
El voto de la mayoría no dudó en que las irregularidades en las que incurrió el magistrado Juan José Galeano en el caso “Brigadas” tornaran nulo a lo conseguido desde el 31 de octubre de 1995 pero sí cuestionó que ello permitiera la extensión de los efectos de la nulidad a actos anteriores no contaminados por la falta de neutralidad. El fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda (Carmen Argibay y Enrique Petracchi votaron en disidencia y Eugenio Zaffaroni no participó de la sentencia) permitió así que recobraran valor los 187 cuerpos de investigación que la causa AMIA tenía previos al 31 de octubre de 1995, ordenó reactivar la investigación y recolección de evidencias “con el mayor de los esfuerzos para arribar a la verdad material” y rechazó la absolución dictada a Carlos Telleldín.
Con esta sentencia, la Corte buscó dar un claro mensaje político a los organismos del Estado y a la sociedad en general de que está en contra de la impunidad que rodea al expediente y que se debe seguir investigando hasta las últimas consecuencias. Así lo expresó su presidente, Ricardo Lorenzetti, quien sostuvo: “Hay que poner los cuidados necesarios para que la impunidad no quede como respuesta del Poder Judicial” y añadió que “Una parte de la prueba hay que preservarla, a fin de garantizar el derecho que tiene todo ciudadano a buscar la verdad, a que se investiguen estos hechos y que exista justicia” .
“La frustración de todo el proceso no puede ser la respuesta de la justicia al reclamo de las victimas” fue la trascendental respuesta institucional que decidió dar la Corte Suprema en la resolución de un caso que adquirió la categoría de “Cuestión de Estado”.
En definitiva, una valiente y valiosa decisión que da una luz de esperanza a todos aquellos que seguimos exigiendo justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario