Por Agustin Ulanovsky, Coordinador de Punto IL, asociado a www.revistamo.orgLa brutal bomba que derrumbó a la Asociación Mutual Israelita Argentina detonó el 18 de julio de 1994, convirtiéndose en el mayor atentado terrorista en la historia argentina. Además de los 86 muertos, 300 heridos y de la montaña de escombros, el ataque dejó una herida que no cicatriza en la sociedad argentina a la que le gusta considerarse un “crisol de razas”.
Más allá de la capacidad destructora de la bomba y de las víctimas inocentes que perecieron, lo que indigna como argentino es comprender que los esfuerzos del Estado no se consumieron en investigar, perseguir, juzgar y condenar a los autores y cómplices del Atentado sino en diluir dicha posibilidad y encubrir a los responsables. La decisión política del gobierno de turno fue encubrir a los responsables del caso AMIA y convertir a la causa en el paradigma de la impunidad en nuestro país.
Esta es la principal conclusión que se extrae del reciente fallo del juez federal Ariel Lijo quien acusó al ex presidente Carlos Menem de obstruir la investigación de la llamada “pista siria” al ordenar al entonces jefe de los Servicios de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, y al juez de la causa Juan José Galeano no investigar la vinculación del comerciante Alberto Kanoore Edul, quien se hallaba íntimamente ligado a su figura.
La medida alcanzó también al comisario mayor retirado Jorge "Fino" Palacios, al oficial de la Policía Federal Carlos Castañeda, a Munir Menem y el número dos de la SIDE menemista Juan Carlos Anchezar. Cabe recordar que hace pocos meses Palacios había sido designado jefe de la policía porteña por Mauricio Macri pero debió renunciar tras una lluvia de críticas por su nefasta participación en la investigación del atentado. Curiosamente, el jefe de gobierno de la Ciudad sostuvo a Palacios pese a las numerosas pruebas que lo incriminaban y no dudo en calificar su renuncia como “un acto de grandeza”.
El fallo del juez Lijo se enmarca en el elogiable análisis que realizó en mayo pasado la Corte Suprema, el cual ordenó reactivar la investigación y recolección de evidencias “con el mayor de los esfuerzos para arribar a la verdad material” y rechazó la absolución dictada a Carlos Telleldín, último tenedor conocido del coche bomba. El Máximo Tribunal impuso que “la frustración de todo el proceso no puede ser la respuesta de la justicia al reclamo de las victimas”, lo que renovó la esperanza de todos aquellos que seguimos exigiendo justicia tras más de 15 años de impunidad.
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